10 funcionarios con responsabilidad en venta irregular de más de 400 hectáreas de proyecto Virú Mar

El Informe de Auditoría N° 020-2021-2-5342-AC de la Contraloría General de la República, evaluó los actos administrativos realizados en el caso Virú Mar desde el 1 de noviembre de 2007 hasta el 21 de mayo de 2021, y concluyó que los funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad permitieron que después de realizada la adjudicación directa del proyecto de inversión privada al Consorcio Virú Mar, este realizara modificaciones sustanciales tales como el cambio en la conformación del Consorcio y la titularidad del inversionista sin contar con sustento técnico y legal para ello.

«Esta situación se produjo contraviniendo la norma aplicable de proyectos en activos, declaratoria de interés y adjudicación directa, dando lugar a la suscripción de contratos y ocasionando que se transfiera 415,77 hectáreas de terrenos para uso agrícola de propiedad estatal a un tercero, afectando el principio de competencia que debe regir en toda iniciativa privada», señala el documento.

Los auditores de la Contraloría han certificado el incumplimiento en los contratos de desarrollo inmobiliario y de compraventa de bien inmueble para el desarrollo del proyecto Virú Mar.

El ente fiscalizador ha encontrado responsabilidad en los funcionarios y exfuncionarios Maritza Hurtado Castro (Administrativa), Jesús Torres Saravia (Administrativa y Penal), Carmen Rosa Canchis Coppola (Administrativa y Penal), Giuliana Tirado García (Administrativa y Penal), Nelson Lozano Chávez (Administrativa y Penal), José Carlos Gallardo Ulloa (Administrativa), Raúl Arroyo Mestanza (Administrativa), Karla Carrasco Núñez (Administrativa), Shanna Ponce Zavaleta (Administrativa) y Vicente Esquivel Rodríguez (Administrativa).

La Contraloría ha enviado una copia del informe a la Procuraduría Regional para que inicie las acciones legales en contra de los funcionarios involucrados en este escandaloso caso. Además, ha recomendado al Gobierno Regional de La Libertad, el inicio de acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades. También conmina al gobernador Manuel Llempén a adoptar medidas a corto plaza por las irregularidades en la firma del contrato de compraventa y desarrollo inmobiliario y el incumplimiento contractual por parte del Consorcio Virú Mar.