Advierten que fiscalía sustentará como accidente asesinato de jóvenes en paro agrario de Virú

Familiares de Reynaldo Reyes Ulloa y Kauner Rodríguez de la Cruz exigen justicia.

El 30 de noviembre, William Salinas Anastasio, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú estaría planteando la figura de homicidio culposo contra el efectivo policial Víctor Giovanny Bueno Alva, lo que le permitiría recibir una pena mínima.

Como se recordará, el efectivo fue fotografiado disparando directamente al cuerpo de los manifestantes durante las protestas agrarias ocurridas en Virú, La Libertad, en diciembre de 2020.

Ante esta posición, los familiares de los manifestantes fallecidos Reynaldo Reyes Ulloa y Kauner Rodríguez de la Cruz (16) expresaron su indignación y exigieron justicia y reparación.

Mar Pérez, abogada de la CNDDHH, señaló que existen varias deficiencias en la acusación fiscal; siendo una de ellas el no haber incluido en la investigación al mando policial a cargo del operativo quien además se encontraba en el lugar de los hechos, tampoco se incorporó al Ministerio del Interior como tercero civil responsable, lo que impediría que los deudos reciban una reparación civil por parte del Estado.

Por su parte, Rosa Siccha, hermana de Reynaldo Reyes pidió que el fiscal de un paso al costado porque se va a cumplir dos años de lo ocurrido y su muerte no puede quedar impune. “Mi hermano solo estaba reclamando sus derechos, era un joven trabajador con un futuro por delante. El policía tiene que pagar su condena, si ya pasó con mi familiar puede pasar con otros a nivel nacional. Sentimos dolor porque el policía esté libre”

Norita De la Cruz, madre de Kauner Rodriguez, pide justicia por la muerte de su hijo y lamenta el retraso del proceso. “No vemos solución hasta ahora, pedimos que nos apoyen todos porque mi hijo era un menor de edad no era ningún delincuente, la policía lo mató y no fue un accidente.”

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exige que se acuse al policía Víctor Bueno por homicidio calificado por el carácter intencional de las muertes y el uso de arma de fuego contra civiles que estaban desarmados. “De no ser así, el Estado Peruano podría incurrir en responsabilidad internacional, pues las ejecuciones extrajudiciales de manifestantes constituyen graves violaciones de derechos humanos”, señaló Pérez.

Asimismo, exigen que el caso sea trasladado a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, como los casos del 14 N en Lima. Solo de esta forma se garantizará un tratamiento acorde a los estándares internacionales, señalaron.

El próximo 30 de noviembre, a las 12 del mediodía, el Fiscal deberá sustentar su acusación ante un juzgado. Durante la audiencia se determinará si el caso es lo suficientemente sólido para pasar a juicio.