Alcaldes serán inhabilitados y vacados si permiten construcciones en zonas de riesgo

El Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso que penaliza con más rigor el tráfico de tierras o el incentivo a ocupar áreas vulnerables.

Los alcaldes distritales y provinciales, así como los traficantes de tierras, están advertidos. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Edmer Trujillo Mori, señaló que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso en el que se plantea sanciones para aquellos que promuevan ocupar o levantar viviendas en zonas de alto riesgo.

Esta propuesta está dentro del paquete de iniciativas de la denominada «Reconstrucción con cambios» que será sustentada por el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en los siguientes días.

Se propone modificar el Artículo 204 del Código Penal e incorporar como forma agravada la usurpación sobre inmuebles declarados de peligro no mitigable.

Quienes incentiven el tráfico ilegal de terrenos o habilitaciones en cerros, quebradas, torrenteras u otros puntos que no son recomendables para construir viviendas serán castigados con no menos de 5 y hasta 12 años de cárcel.

No solo las autoridades son pasibles de sanciones, sino también las personas naturales y jurídicas que incurran en los ilícitos.

En el caso de los burgomaestres, de ser inhabilitados podrían ser vacados del cargo.

«Se apoya a invasores»

Para Trujillo Mori los gobiernos locales no están cumpliendo su función de controlar este problema. Por el contrario, algunos municipios les han construido a las familias invasoras veredas, pistas e incluso los han titulado en sectores vulnerables.

Citó como ejemplo lo que sucede en el centro poblado San Antonio, provincia Mariscal Nieto, así como el sector Chololo en Pampa Inalámbrica en Ilo. En este último hay una falla geológica y el lugar es ocupado por familias.

Según el alto funcionario, este tipo de situaciones le significa un mayor gasto al Estado, como lo ocurrido en el norte, donde el desborde de ríos por las lluvias dejó inhabitables viviendas asentadas en zonas de peligro.

En el futuro, el MVCS y gobiernos regionales tendrán la obligación  de identificar zonas de riesgo para facilitar a las comunas un desarrollo urbano ordenado.

Otro inconveniente que señala Trujillo son los planes urbanos. Indicó que de los 1,878 municipios apenas el 12,9% cuenta con este instrumento. «Esto es lamentable», comentó. Su despacho facilitará asistencia técnica a las entidades ediles para avanzar en este tema.