Juez declara infundado pedido de cese de prisión preventiva contra ex gerente de educación

El magistrado del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Eduardo Carlos Medina Carrasco, declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva solicitado por la defensa de acusado Rafael Martín Moya Rondo, exgerente de Educación de la región La Libertad; por lo que afirmó que se mantendrá vigente la medida de prisión preventiva dictada en su contra.

Durante el debate el abogado del exgerente de Educación, César Alva Florián, explicó que existen dos informes médicos correspondientes al 18 de abril de 2020 y al 20 de abril de 2020, en los cuales se advierten que su patrocinado tiene hipertensión y obesidad mórbida, situación que agraviaría su condición ante el riesgo de contagio del Covid-19.

Por otro lado, el abogado indicó que se debe tener en cuenta todas las medidas adoptadas por el gobierno central como el toque de queda, el cierre de fronteras, la prohibición de la libre reunión; situaciones que no permitirían que su patrocinado –Rafael Moya Rondo– pudiera escapar de la justicia; sin embargo este argumento fue refutado por el representante del Ministerio Público.

Pese a lo expuesto por el abogado, el magistrado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad dispuso mantener en vigencia la medida de prisión preventiva dictada, y –en su resolución- exhortó al director de “El Milagro” a que adopte las medidas de precaución para garantizar la salud del referido imputado dentro del penal.

Ante lo manifestado al término de la audiencia, el abogado del exfuncionario público indicó que apelará a fin de conseguir el cese de prisión preventiva para Moya Rondo.

Como se recuerda, el exgerente de Educación de la región La Libertad fue capturado -la madrugada del pasado 27 de febrero- junto a 15 funcionarios más, acusados por cometer los presuntos delitos contra la fe pública, contra la administración pública, organización criminal, falsificación de documentos y cohecho pasivo propio en agravio del Estado, entre otros.