El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundado la tutela de derecho que pretendía suspender la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencia, colusión y organización criminal, abierta por el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez.
La medida presentada por la defensa legal del mandatario Benji Espinoza alegaba que diligencias contra el jefe de Estado por el caso Puente Tarata violaba los principios constitucionales de legalidad procesal y de seguridad jurídica. No obstante, el juez Juan Checkley rebatió la demanda del abogado.
El magistrado indicó que, si bien el presidente de la República solo puede ser acusado por los supuestos que prevé el artículo 117 de la Constitución, la disposición no anula la posibilidad de iniciar una investigación preliminar “siempre que existan justificaciones razonables”.
